El juego es peligroso. Salvo cuando lo organiza el Estado.

En España no está prohibida la publicidad del juego. Lo que existe es algo distinto y más preocupante: una demonización constante del juego privado, especialmente de las casas de apuestas, utilizando de forma recurrente el argumento de la ludopatía y la protección del menor.

Ese relato ya intentó cristalizar en una prohibición casi total. Fue recurrido. Y se ganó. Los tribunales dejaron claro que no todo vale bajo el pretexto de la salud pública.

Pero lejos de asumir ese límite, el discurso vuelve una y otra vez. Cambia la forma, no el fondo: presión social, señalamiento político, mensajes institucionales ambiguos y una narrativa en la que el juego privado es siempre sospechoso.

Mientras tanto, el juego del Estado no solo no se cuestiona: se blinda.

Planteemos el contraste real. Si una casa de apuestas colocara menores de edad como protagonistas visibles de su actividad, en horario de máxima audiencia, anunciando premios millonarios y asociando el juego a ilusión y éxito económico, el escándalo sería inmediato.

Eso mismo ocurre cada año con los sorteos de la Lotería de Navidad y de El Niño, organizados por Loterías y Apuestas del Estado. Y no solo se acepta: se celebra como ejemplar.

Aquí no hay un debate sobre legalidad. Hay un doble estándar.

El juego es problemático cuando lo explota un operador privado. Cuando lo explota el Estado, se convierte en tradición, cohesión social y virtud pública.

Y esto es lo verdaderamente grave: se utiliza la ludopatía como argumento político, no como criterio técnico. Se señala a unos operadores mientras se normaliza exactamente la misma actividad cuando la recaudación es pública.

No se protege mejor al menor estigmatizando a un sector y eximiendo a otro. No se fortalece la regulación repitiendo debates que ya fueron resueltos en los tribunales.

Pregunta incómoda, pero necesaria: si el juego es un riesgo social, ¿por qué solo lo es cuando no lo organiza el Estado?

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